El futuro complejo que albergará la estructura judicial de
Santa Cruz de Tenerife se levantará en una parcela perteneciente a la Comunidad
Autónoma de Canarias, ubicada en El Sobradillo (Distrito Suroeste), de más de
20.000 metros cuadrados. Permitirá concentrar en una misma sede las oficinas,
servicios y dependencias comunes, así como los distintos órganos
jurisdiccionales (Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Audiencia
Provincial, Juzgados, Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal), y dispondrá de
un parking público.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el
consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José
Miguel Barragán, presentaron hoy las conclusiones y estudios que han llevado a
esta decisión, tomada tras un proceso de consulta liderado por la consejería
con representantes de la magistratura, fiscales, letrados de la administración
de justicia, funcionariado, sindicatos, colegios profesionales, en el que ha
participado activamente el Consistorio. La cita contó además con la presencia
del director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo
Rodríguez,

Bermúdez reconoció su satisfacción “porque Santa Cruz
llevaba demasiado tiempo esperando por este asunto, solamente esperando a tener
el sitio adecuado, y se ha tomado una decisión que se ha tomado no ya en
beneficio de la ciudad, sino de toda la isla, que acuden a Santa Cruz a
resolver sus asuntos relacionados con la administración de Justicia”.

“No existe una parcela pública igual a la que necesitamos en
el centro de Santa Cruz”, remarcó el alcalde, quien destacó que las
alternativas que se barajaban en Cabo-Llanos y el Polígono Cepsa-Disa no se
ajustaban a las necesidades que requiere este servicio. “No es una mala noticia
para un municipio como Santa Cruz que los vecinos se acerquen a una zona en
expansión como el Suroeste, pues la misma distancia hay del casco urbano al
Sobradillo, que de El Sobradillo al casco”, apostilló.

Por su parte, José Miguel Barragán consideró “urgente”
resolver las necesidades de las infraestructuras judiciales de Santa Cruz de
Tenerife “de una vez por todas” y destacó que en este proceso “hemos valorado
lo que convenía a las personas, y esta parcela nos garantiza la construcción de
un edificio que dé servicio los próximos sesenta o setenta años”.

“Si bien es cierto que no hay unanimidad, esta decisión
administrativa sí cuenta con consenso como para poner en práctica una decisión
que llevaba esperando desde el año 2009, y está creemos que es la mejor
solución, que podría contemplarse ya desde los próximos presupuestos de la
comunidad autónoma”, añadió el consejero.

En lugar de construir nuevas sedes dispersas para hacer
frente a la necesidad de contar con más espacio, se concentrarán en un único
emplazamiento. Han sido las propias partes las que han apostado por esta opción
tras examinar las posibilidades inicialmente planteadas, y el Ejecutivo
autonómico fija su posición por ser lo más conveniente para la ciudadanía.

La parcela seleccionada, situada en la calle Los Bimbaches
de El Sobradillo, cuenta con capacidad para albergar las sedes de los distintos
órganos, actualmente dispersas por la capital. Supondrá una oportunidad de
revitalización y revalorización del Distrito Suroeste, al tiempo que
descongestionará el centro de Santa Cruz.

Al Palacio de Justicia de la avenida Tres de Mayo, las
dependencias de la plaza de San Francisco, y el actual Instituto de Medicina
Legal, que se comparte con la Universidad de La Laguna, se une el alquiler de
tres locales más que suponen un coste anual superior a los 1,2 millones de
euros.

El edificio de la avenida Tres de Mayo podrá ser utilizado
para otros fines por la Administración General de la comunidad autónoma, y se
devolverá al Ayuntamiento de Santa Cruz el Palacio de la plaza de San
Francisco.

Emplazamiento idóneo

En el proceso de consulta se evaluó el uso de otras tres
alternativas más, dos de ellas situadas en el Polígono Cepsa-Disa (Los
Gladiolos) y la tercera en Cabo Llanos, que se desestimaron por no reunir las
condiciones necesarias.

Al margen de las consideraciones del Plan General de
Ordenación Urbana, estas tres opciones se localizan en zonas de Santa Cruz ya
colmatadas, y convertirían las condiciones de tráfico en un importante
problema, no solo para el edificio en cuestión, sino para estas tres
ubicaciones de la ciudad.

Los informes elaborados a tal efecto por la Gerencia de
Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife constatan, respecto al solar de Cabo
Llanos, que apenas serían ocupables 3.000 metros cuadrados, y el Estudio de
Detalle establece que habrían de construirse tres edificios independientes que,
además, requerirían esperar un mínimo de cuatro años hasta la posibilidad de
solicitar la licencia de edificación. Asimismo, no contaría con área de
aparcamientos suficiente.

La parcela A del Polígono Cepsa-Disa, de forma triangular,
es de 3.783 metros cuadrados e insuficiente para albergar todos los órganos en
una sola sede. Como alternativa, las parcelas B y C situadas en el mismo barrio
son de geometría irregular y, según el PGOU actual, contemplan respectivamente
uso de “plaza pública y parking subterráneo” y “uso educativo”.

La superficie de ambas parcelas es escasa (6.687 y 7.438
metros cuadrados cada una) y no permite compaginar el programa requerido con
una zona libre necesaria para la circulación de vehículos y peatones. Además,
tampoco resuelve la cuestión del aparcamiento.

El emplazamiento elegido en El Sobradillo, de disponibilidad
inmediata y más de 20.000 metros cuadrados, supone prácticamente una superficie
equivalente a sumar las otras tres opciones.

Permitirá compaginar el programa requerido y una zona libre
en la propia parcela, necesaria para las circulaciones exteriores peatonales y
vehiculares, fundamentales para un edificio de estas características y prestancias.
Además, no tiene restricciones de edificabilidad, y permite generar los usos
funcionales diferenciados que requiere una auténtica Ciudad de la Justicia con
proyección de futuro.

Podrá ser construido y ocupado por fases y en bloques
diferenciados, y a la posibilidad de construir un parking público
independiente, se une su máxima conectividad por su ubicación respecto a las
vías de comunicación existentes y a las guaguas y el tranvía.