El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio de
Abogados de la provincia desarrollarán un acuerdo de colaboración para
facilitar el asesoramiento sobre el proceso de reclamación de las ‘cláusulas
suelo’ a los vecinos y familias del municipio con mayor dificultades
económicas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, y el decano
del colegio, José Manuel Niederleytner, suscribieron ayer jueves, día 9, junto a
la concejala de Vivienda, Carmen Delia Alberto, una adenda al convenio
establecido en diciembre, tras su aprobación el pasado 20 de febrero por la
Junta de Gobierno.

Bermúdez hizo referencia a que esta acción “ayuda a las
personas que más lo necesitan en forma de asesoramiento jurídico. Es importante
estar cerca de nuestros vecinos. Ellos son la prioridad y no tenemos constancia
de que este servicio lo ofrezcan otros ayuntamientos en Canarias. Somos
pioneros y seguimos a la cabeza en el apoyo de causas que, como sucedió con el
Protocolo Antidesahucios, han sido adoptadas luego por otras administraciones”.

Alberto, por su parte, precisó que el coste de este
asesoramiento “es de 100 euros y podrán acceder a él aquellas personas cuyos
ingresos brutos de la unidad familiar no superen en 3 veces el IPREM. Si la
resolución de su caso es finalmente negativa, el Ayuntamiento se haría cargo
del coste de este servicio a través de Viviendas Municipales”.

Niederleytner manifestó su satisfacción por la firma de esta
adenda al convenio y precisó que el momento actual “hace que surjan unos
derechos para todos los consumidores que, ahora, pueden iniciar unos procesos
de reclamación en los que estamos dispuestos a colaborar con todas las personas
que lo necesiten. Este asesoramiento previo es necesario porque aún hay gente
que no sabe si tiene o no cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios. Les
diremos si las cantidades están calculadas o no correctamente y también si
deben iniciar un litigio judicial o no para reclamarlas”.

Convenio

La adenda suscrita hoy regula las características del
asesoramiento y fija asimismo los criterios que han de reunir aquellos que
soliciten la reclamación en los términos de lo previsto en el Real Decreto-Ley
1/2017. En este sentido, podrán beneficiarse de la medida “las personas,
familias o unidades de convivencia residentes en el municipio de Santa Cruz de
Tenerife, que sean propietarios de una vivienda que constituya su domicilio
habitual y que para su adquisición han suscrito un contrato de préstamo o
crédito con garantía hipotecaria que incluía en su clausulado un límite a la baja
de la variabilidad del tipo de interés del contrato”. 

Los beneficiarios deben cumplir, en cualquier caso, todos y
cada uno de los siguientes requisitos: ser mayor de edad o estar emancipado
legalmente; estar empadronados y ser residentes en el municipio de Santa Cruz
de Tenerife; ostentar la propiedad o copropiedad de la vivienda gravada con la
hipoteca en garantía del préstamo o crédito suscrito para su adquisición; que
la vivienda constituya el domicilio habitual y permanente del solicitante y de
su unidad familiar; que el solicitante y ninguno de los miembros de su unidad
familiar sean titulares de otra vivienda y no superar los ingresos anuales
brutos de la unidad familiar las tres (3) veces el IPREM.

Los letrados se encargarán de determinar si el préstamo o
crédito con garantía hipotecaria incorpora una clausula suelo incluida en el
ámbito de aplicación del real decreto ley y prestarán asesoramiento jurídico
específico y de forma personalizada sobre el inicio del procedimiento de
reclamación.

Si se diera el caso, los letrados también asesorarán a los
beneficiarios de la medida si la entidad de crédito oferta al
consumidor-prestatario otras medidas compensatorias distintas a la devolución
del crédito.

En virtud de la adenda, el Colegio de Abogados designará los
letrados que prestarán el servicio teniendo en consideración su preparación y
experiencia específica en las materias relacionadas con el contenido del
servicio a desarrollar.

Asimismo, velará porque los profesionales que presten el
servicio respondan al perfil necesario para desarrollar el asesoramiento
satisfactoriamente, y realizará un seguimiento del trabajo realizado por los
letrados, respetando siempre el secreto profesional.

El Ayuntamiento, por su parte, bien directamente o mediante
la empresa pública Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de
Tenerife, S.A., gestionará la recepción de solicitudes y abrirá las
correspondientes fichas personales.

El coste del asesoramiento, haya concluido o no con el
resultado de un acuerdo, se cifra en 100 euros. Esta cuantía irá destinada a
satisfacer los honorarios de la actuación del letrado y correrá por cuenta del
usuario solicitante. 

No obstante el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en el
supuesto de que la entidad financiera no estimara procedente la reclamación y
en función de la situación socio económica del usuario, podrá abonar dicho
coste previa concesión de la correspondiente ayuda económica de asistencia
social.