La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife
ratificó hoy, viernes 24, una instrucción del alcalde de la ciudad, de
fecha 20 de junio de 2016, por la que se ordena al área de Infraestructuras,
Vivienda y Patrimonio de la Corporación
que “con carácter urgente, disponga los
trámites administrativos y técnicos necesarios para aprobar el proyecto de
demolición total del edificio de aparcamientos ubicados en el frente de playa
de Las Teresitas e iniciar el procedimiento de licitación y adjudicación del
mismo, culminando la ejecución de dicha obra”.

El acuerdo se adoptó esta mañana, en el transcurso de una
reunión de carácter extraordinario, en la que se analizó el auto judicial
llegado al Ayuntamiento esta misma semana, el pasado lunes 20. Se da la
circunstancia de que ese mismo día, una vez conocida la resolución judicial, el
alcalde dictó la instrucción hoy ratificada.
Desde finales del pasado año, en el mes de diciembre, el
alcalde de la ciudad ordenó el encargo de la redacción del proyecto de derribo
del edificio, tarea que ha llevado a cabo la empresa pública Gestión
Urbanística de Tenerife (Gestur) y que ya ha concluido, por lo que el
Consistorio dispone del mismo para licitar la ejecución de los trabajos.
En la misma sesión celebrada hoy, la Junta de Gobierno
acordó también la presentación de un recurso de apelación contra el citado
auto, ante la negativa del juzgado a admitir la petición de personación
planteada por el Ayuntamiento.
El Consistorio, lejos de ocultar la existencia del auto
judicial que, como es preceptivo, se comunica a las partes, tanto a los
acusadores como a los demandados (la Corporación municipal no es parte en el
procedimiento) se ha limitado a estudiar los términos del mismo para decidir su
posición. Un proceso que ha durado apenas cuatro días, a pesar de la
complejidad jurídica del expediente.
En consecuencia, se muestra sorprendido por la sesgada
interpretación que ha realizado el Grupo Socialista sobre un asunto que
requiere una actuación municipal con las máximas garantías jurídicas y
administrativas.