El primer
teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, ha suscrito hoy
viernes un convenio de colaboración con el presidente de la Plataforma contra las
Antenas de Telefonía, Antonio Porras, que servirá para acentuar la vigilancia
sobre este tipo de instalaciones que pueden tener una incidencia en la salud y
el desarrollo de la vida cotidiana de los ciudadanos.
lugar en la sede de la
Asociación de Vecinos 7 Islas, de El Sobradillo, y contó con
la presencia del octavo teniente de alcalde y concejal del Distrito Suroeste,
Hilario Rodríguez, así como de casi un centenar de residentes en la zona, que
mostraron su respaldo a este documento.
acuerdo, la plataforma cede a los técnicos municipales sus aparatos de medición
para detectar si las operadoras de este tipo de tecnología vulneran la ley y la
ordenanza y actuar en consecuencia. En caso de confirmarse este extremo, se
realizarán actuaciones tendentes al planteamiento de denuncias ante las
administraciones estatal y autonómica, competentes en materia de protección de
la salud.
Asimismo, se
plantea la necesidad de realizar un estudio epidemiológico del que puedan desprenderse
las enfermedades más comunes en aquellos ámbitos relacionados con la incidencia
que las estaciones radioeléctricas de comunicación y las antenas de telefonía
móvil puedan tener sobre la población. En este sentido, ya se trabaja con el
Servicio Canario de Salud para elaborar cuadros epidemiológicos y estadísticas
sobre las enfermedades en el municipio, en función de si el núcleo poblacional
tiene o no este tipo de estaciones radioeléctricas.
Del mismo modo,
el Pleno municipal acordó el pasado 12 de julio la modificación de la ordenanza
de Telecomunicaciones vigente, para establecer zonas preferenciales de
ubicación de antenas, así como fijar obligaciones tales como la de compartir
las instalaciones por parte de los operadores, ya que existe jurisprudencia al
respecto que declara que el uso compartido debe imponerse siempre que lo
requieran los intereses medioambientales o urbanísticos y que éstos deben ser
protegidos por las corporaciones locales. José Ángel Martín indicó que el
espíritu de la misma es “sacar de la trama urbana las estaciones que funcionan
al margen de la legalidad y, al mismo tiempo, conciliar el uso de la tecnología
y la cobertura para los teléfonos móviles con el derecho a la salud y la
obligación que tienen los estamentos públicos de adoptar medidas preventivas”.
También se
establece que el Plan Especial de Ordenación de Antenas de Telefonía Móvil, en
proceso de redacción, junto a la ordenanza de Telecomunicaciones y las
determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación (PGO), serán las
herramientas a utilizar para la organización de las redes de telecomunicaciones
en el municipio. Así, con independencia de las determinaciones contenidas en el
PGO, las competencias municipales serán complementadas mediante un plan especial
que fijará la red de servicio, junto a una ordenanza reguladora que determine
los emplazamientos de las antenas de telefonía móvil.
También se
informó de que, una vez aprobado inicialmente el mencionado plan especial, se
determinará, desde el momento de su publicación, la suspensión automática del
otorgamiento de licencias por un periodo máximo de hasta dos años.
Actuaciones desarrolladas
la Concejalía
de Urbanismo ha actuado contra aquellas antenas de telefonía móvil o estaciones
radioeléctricas que se encuentran en situación irregular. En concreto, se han
identificado 23 antenas de telefonía que tienen licencias en precario, con
periodos de vigencia de dos años renovables, por lo que los técnicos
municipales han instruido los correspondientes expedientes administrativos, en
orden a la reposición de la realidad física alterada y para deducir las
correspondientes responsabilidades que pudieran derivarse.
Ya se han
realizado actuaciones contra la antena de telefonía móvil situada en la calle
Caléndula, del Distrito Suroeste, y contra la de la calle Calabria, en María
Jiménez. El 8 de marzo se dispuso la paralización inmediata de las obras que se
ejecutaban sin licencia, tanto a al empresa titular de la instalación como a la
que prestaba los servicios de mantenimiento y reforma, incoando, además, un
expediente sancionador con fecha del pasado 28 de junio. Ante la falta de
respuesta de la compañía operadora, el 31 de julio se dispuso que ésta debería proceder,
en el plazo de un mes, a la reposición del estado originario de la realidad
física alterada, con el fin de restaurar el orden urbanístico infringido.
Como quiera que
la empresa tampoco cumplió con ese requerimiento, el 17 de septiembre se dispuso,
de forma subsidiaria, la orden para la retirada de la antena y la eliminación
de las instalaciones. El 18 de octubre se procedió al corte del suministro
eléctrico de la antena situada en la calle Caléndula y el 7 de noviembre se
requirió a la Consejería
de Empleo, Industria y Comercio para que, en el marco del expediente
sancionador incoado, dictara la oportuna orden de corte de suministro de
energía eléctrica.
El 12 de
noviembre, la empresa afectada aportó una copia del informe para suplir la
antena de la calle Caléndula por otra en la calle Bicácaro. El 27 de noviembre,
por último, se procedió a la ejecución subsidiaria de la antena, conforme a la
resolución dictada el 31 de julio, para cuyo cumplimiento se solicitó al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz el correspondiente
mandamiento judicial de entrada que ordenara la liquidación de forma
provisional y el importe de las obras e instalaciones a desmontar que correrán
a cargo de la empresa obligada.
